El futuro del lobo ibérico, en riesgo tras perder su protección legal

La reciente retirada de la protección legal del lobo ibérico en España ha encendido las alarmas en el ámbito científico y conservacionista. La medida, aprobada en el Congreso de los Diputados, abre la puerta a la caza y a controles poblacionales, poniendo en riesgo décadas de avances en conservación, biodiversidad y coexistencia con el medio rural.

El cambio normativo se produjo en marzo, durante la aprobación de la Ley de desperdicio alimentario, cuando una enmienda presentada por el Partido Popular —y respaldada por VOX, PNV y Junts— eliminó al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Con esta decisión, el blindaje aprobado en 2021 queda sin efecto y cada comunidad autónoma podrá decidir sobre su control.

Este giro rompe con la Estrategia Nacional de Conservación del Lobo, consensuada entre expertos, entidades sociales y administraciones, que buscaba proteger a esta especie clave en todo el territorio. Además, implica la supresión de fondos estatales destinados a compensaciones para ganaderos y medidas preventivas. Organizaciones como WWF han denunciado que la decisión responde a presiones políticas y no a criterios científicos, mientras que Ecologistas en Acción advierte que España podría enfrentar sanciones europeas por incumplir compromisos internacionales.

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) es un depredador tope que regula poblaciones de ungulados como jabalíes y corzos, evitando daños en cultivos, suelos y bosques. Su desaparición, alertan los expertos, tendría efectos en cadena sobre los ecosistemas, generando problemas como erosión, plagas agrícolas y más accidentes de tráfico. Con una población estimada en unos 2.000 ejemplares, concentrada principalmente en el noroeste peninsular, el retroceso normativo amenaza su recuperación en otras regiones.

Más allá de su valor ecológico, el lobo es un símbolo cultural profundamente ligado a la identidad ibérica. Su presencia en mitos, leyendas y tradiciones lo convierte en un patrimonio inmaterial que podría perderse. La situación contrasta con países como Portugal, Francia o Italia, donde la especie cuenta con mayor reconocimiento y protección.

El conflicto con la ganadería extensiva es uno de los puntos más sensibles. Si bien existen ataques a rebaños, estudios señalan que muchos daños se deben a perros asilvestrados o a la falta de medidas de prevención. Experiencias en comunidades del norte han demostrado que el uso de mastines, cercados eléctricos y vigilancia activa reduce de forma notable las pérdidas.

Entidades como la Fundación Oso Pardo subrayan que la clave no está en reducir la presencia del lobo, sino en fortalecer el apoyo a los ganaderos mediante compensaciones justas, políticas preventivas y educación ambiental en zonas rurales. “Defender al lobo es defender la naturaleza, la ciencia y el futuro del medio rural”, señaló un investigador del CSIC.

Para conservacionistas y científicos, el retroceso legislativo no solo pone en jaque a una especie emblemática, sino también a la biodiversidad y al patrimonio común de la península ibérica. Su desaparición representaría una pérdida irreparable tanto en términos ecológicos como culturales.