ONU denuncia violencia alarmante contra defensores ambientales en Colombia

América Latina y el Caribe se han convertido en las regiones más peligrosas para los defensores del medio ambiente, y Colombia lidera en la lista con una alarmante cifra de homicidios. Según la ONU, entre 2016 y septiembre de 2024, se han documentado 248 asesinatos de líderes ambientales, de los cuales 44 ocurrieron solo en 2023, lo que convierte a este año en el más letal. La mayoría de las víctimas eran indígenas, afrodescendientes y campesinos, atacados por grupos armados ilegales.

Las regiones más afectadas por esta violencia en Colombia son el Pacífico, Amazonas y Orinoco, donde los grupos paramilitares y disidencias de las FARC operan con fuerza. Entre los departamentos más afectados se encuentran Cauca, Chocó y Nariño. Los activistas asesinados trabajaban en la protección del agua, la tierra y la biodiversidad, oponiéndose a la minería ilegal y la contaminación de ecosistemas. En 2023, los homicidios contra defensores ambientales aumentaron un 18.9% respecto al año anterior, en un contexto donde la violencia está directamente ligada al control territorial por parte de grupos armados ilegales.

El gobierno de Gustavo Petro, que llegó al poder en 2022 con el objetivo de reducir la violencia contra líderes sociales, ha registrado una disminución general de homicidios, pero el aumento de asesinatos a activistas ambientales revela una problemática persistente. A pesar de las promesas de mejorar la protección de estos líderes, el control de los grupos armados sobre recursos naturales sigue siendo un desafío. Según la ONU, el Estado debe reforzar su respuesta y garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente.

La ONU ha presentado 15 recomendaciones al gobierno colombiano, destacando la necesidad de reconocer la labor de los defensores ambientales y fortalecer los mecanismos de protección previstos en el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo, ratificado en 2023, es clave para salvar a los activistas que luchan por la protección de los ecosistemas. Además, se espera que las políticas impulsadas por la vicepresidenta Francia Márquez promuevan la implementación de sentencias que protejan los recursos naturales.

A pesar de las cifras alarmantes, el panorama para los defensores del medio ambiente en Colombia podría mejorar, ya que en 2024 se ha registrado una reducción del 43% en los homicidios hasta septiembre, según la ONU. Sin embargo, la expansión territorial de los grupos armados y su interés en los recursos naturales sigue siendo una amenaza latente. El compromiso del gobierno y la implementación efectiva del Acuerdo de Escazú serán clave para revertir esta tendencia y garantizar la seguridad de quienes luchan por proteger el medio ambiente.