El ecocidio podría considerarse un crimen internacional

El pasado 9 de septiembre, pequeños Estados insulares del Pacífico como Vanuatu, Fiji y Samoa presentaron una propuesta ante la Corte Penal Internacional (CPI) para reconocer el ecocidio como un crimen de la misma gravedad que el genocidio y los crímenes de guerra. Esta medida busca responsabilizar a individuos, incluidos líderes empresariales y jefes de Estado, por la destrucción masiva del medio ambiente. De ser aprobado, marcaría un cambio importante en el derecho internacional, ampliando la capacidad del CPI para sancionar actos contra la naturaleza.

La definición de ecocidio, desarrollada por la Fundación Stop Ecocidio en 2021, contempla cualquier acto ilegal que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente. La propuesta ha ganado fuerza gracias al respaldo político y jurídico de diversas naciones, que reconocen la urgencia de proteger el planeta mediante mecanismos legales más contundentes. La creciente preocupación por el impacto de la actividad humana ha incentivado la búsqueda de justicia a nivel internacional.

A lo largo de la historia, la devastación ambiental ha sido utilizada como herramienta de guerra y conquista, afectando tanto la biodiversidad como la seguridad alimentaria de las poblaciones. Ejemplos de ecocidios incluyen desde la destrucción durante la Guerra de Vietnam hasta desastres recientes como el derrame de petróleo en el Ártico. A pesar de estos grandes daños, el crimen de ecocidio ha permanecido invisibilizado y sin un marco legal robusto que castigue a los responsables.

El reconocimiento del ecocidio como crimen internacional tendría implicaciones profundas. El IPC podría procesar y castigar a quienes, desde posiciones de poder, hayan facilitado la destrucción ambiental. Países como Bélgica ya han integrado el ecocidio en su legislación nacional, y otras naciones como México y Brasil podrían seguir este camino. Este tipo de avances es crucial para crear un sistema de protección más sólido para la Tierra.

La inclusión del ecocidio en el Estatuto de Roma representaría un avance significativo en la lucha por la justicia ambiental. Más allá de su valor simbólico, este cambio legal enviaría un mensaje claro sobre la responsabilidad que las grandes empresas y los gobiernos deben asumir frente a la crisis ecológica. Además, crearía conciencia a nivel global sobre la importancia de salvar nuestro planeta, no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras.