México, Brasil y Colombia son los países más peligrosos para activistas ambientales
De acuerdo con un informe sobre impunidad ambiental en América Latina, estos países cuentan con altos niveles de conflictos ambientales.
El Índice de Impunidad Ambiental en América Latina 2023, evidencia un promedio de desempeño del 54.86 sobre 100, señalando que la región destina solo un modesto 0.18% de su PIB a la conservación del medio ambiente, reflejando una carencia de voluntad política, según un estudio realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El informe destaca la migración climática como la consecuencia más apremiante de esta falta de voluntad política, con al menos 1,18 millones de personas desplazadas internamente en la región debido a factores climáticos. Brasil lidera la lista con casi medio millón de desplazados, seguido por Haití, Cuba y Uruguay.
La capacidad institucional, analizada en el índice, muestra disparidades significativas entre países, con Bolivia, México y Brasil liderando mientras que Haití, San Vicente y Trinidad y Tobago obtienen las calificaciones más bajas. La desigualdad interna en América Latina se refleja en las enormes brechas entre naciones, alertando sobre los altos niveles de vulnerabilidad social en países con débil musculatura estatal en asuntos medioambientales.
México, junto con Brasil y Colombia, enfrenta altos niveles de conflictos ambientales, convirtiendo a la región en la más mortífera para los activistas ambientales, con el 49.8% de los pleitos concentrados en estos tres países.
El índice revela la falta de blindaje jurídico en la región, ya que el 63.6% de los países no reconoce explícitamente el derecho al medio ambiente sano en sus Constituciones. El estudio divide a los 33 países en tres grupos según su puntuación, destacando la urgencia de mejorar la asistencia técnica a los países más pequeños y con menores ingresos.
La falta de datos comparables entre países, según las expertas, es el talón de Aquiles de América Latina, resaltando la necesidad de una mayor seriedad de los Estados en documentar y transparentar sus acciones ambientales.