Latinoamérica enfrenta aumento alarmante en asesinatos de ambientalistas

En 2023, al menos 196 defensores del medio ambiente fueron asesinados en todo el mundo, según el último informe de Global Witness. Este documento revela un total de 2,106 muertes de activistas ambientales desde 2012. América Latina se mantiene como la región más peligrosa para estos defensores, acumulando el 85% de los homicidios globales del año pasado.

La situación en Colombia es particularmente alarmante, ya que en 2023 se registraron 79 asesinatos de defensores ambientales, la cifra más alta en un solo país desde que Global Witness comenzó su seguimiento. Estos homicidios reflejan un patrón preocupante en el país, exacerbado por conflictos territoriales y actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Brasil, por su parte, sigue siendo uno de los países más peligrosos debido a la concentración de tierras y la falta de reconocimiento de los territorios indígenas.

México y Honduras también presentan cifras preocupantes. En México, 18 defensores fueron asesinados, la mayoría en estados como Jalisco, Colima y Michoacán, donde la oposición a la minería ha generado gran tensión. Honduras, con una población de 10 millones, destaca por tener la tasa per cápita más alta de asesinatos de defensores del medio ambiente. En 2023, el país sufrió 18 muertes relacionadas con la protección de la selva tropical y la agroindustria.

La violencia hacia los defensores del medio ambiente en América Latina va acompañada de una serie de represalias, que incluyen intimidación, campañas de desprestigio y criminalización por parte de gobiernos y empresas. El informe destaca que el 49% de las víctimas son indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan una cantidad desproporcionada de ataques mortales.

Para abordar esta crisis, Global Witness sugiere que tanto gobiernos como empresas deben asumir responsabilidades y mejorar la protección de estos activistas. El Acuerdo de Escazú, aunque ratificado por algunos países, aún enfrenta obstáculos en su implementación. La región sigue siendo un campo de batalla peligroso para quienes defienden el medio ambiente, y es urgente que se tomen medidas efectivas para garantizar su seguridad y derechos.