La economía mundial financia la degradación ambiental a gran escala

Mientras gobiernos y empresas multiplican los discursos sobre sostenibilidad y transición verde, los flujos financieros muestran una realidad opuesta. La economía global continúa destinando la mayor parte de sus recursos a actividades que erosionan los ecosistemas, según advierte un nuevo informe de Naciones Unidas que señala un desequilibrio profundo con consecuencias ambientales y económicas.

El documento Estado de la financiación para la naturaleza 2026 cifra en más de siete billones de dólares anuales el capital que perjudica a la naturaleza, frente a apenas 220.000 millones dirigidos a su conservación. El contraste es contundente: por cada dólar invertido en soluciones ambientales, se canalizan treinta hacia prácticas que aceleran la degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad.

El análisis subraya que esta financiación negativa procede, en su mayoría, del sector privado, con especial peso de áreas como la energía, la industria y los materiales básicos. En cambio, cerca del 90 % de los recursos destinados a iniciativas favorables para la naturaleza provienen de fondos públicos, lo que evidencia la limitada participación del capital privado en la protección ambiental.

Un llamamiento a reformar las reglas del juego financiero

Ante este panorama, Naciones Unidas reclama una transformación profunda del sistema financiero internacional para orientar los mercados hacia actividades compatibles con la salud del planeta. “Seguir el rastro del dinero permite entender la magnitud del desafío”, afirmó Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), durante la presentación del informe.

“O invertimos en la destrucción de la naturaleza o impulsamos su recuperación. No hay término medio”, subrayó Andersen, al alertar sobre la brecha entre el crecimiento acelerado de inversiones y subvenciones perjudiciales y el avance mucho más lento de las soluciones basadas en la naturaleza.

Sectores bajo la lupa

El informe identifica a varios sectores como principales focos de impacto negativo, entre ellos los servicios públicos, la industria pesada y, de manera destacada, las compañías energéticas. A ello se suman subsidios que continúan favoreciendo actividades como los combustibles fósiles, la agricultura intensiva, el transporte, la gestión del agua y la construcción.

Para los autores, la eliminación progresiva de estos incentivos y su redirección hacia iniciativas positivas para la naturaleza resulta clave para cerrar la brecha financiera que hoy penaliza a los ecosistemas. Más allá del diagnóstico, el informe propone un “gran cambio a favor de la naturaleza” y presenta alternativas viables desde el punto de vista económico y ambiental, entre ellas:

• Renaturalizar las ciudades para mitigar las islas de calor, mejorar la salud pública y elevar la calidad de vida.

• Integrar soluciones basadas en la naturaleza en infraestructuras viarias y energéticas, reduciendo impactos y aumentando la resiliencia.

• Impulsar materiales de construcción con emisiones negativas, capaces de absorber más carbono del que generan.

Las cifras clave del desequilibrio

En 2023, se destinaron 7,3 billones de dólares a actividades perjudiciales para la naturaleza. Ese mismo año, solo 220.000 millones de dólares se invirtieron en soluciones basadas en la naturaleza, mayoritariamente con recursos públicos. Pese a ello, el informe detecta señales alentadoras: el gasto en biodiversidad y protección del paisaje creció un 11 % entre 2022 y 2023. Además, la financiación pública internacional para estas soluciones fue un 22 % superior a la de 2022 y un 55 % mayor que en 2015.

El mensaje final es inequívoco: sin un cambio estructural en la forma en que se asignan los recursos, los objetivos climáticos y de biodiversidad seguirán fuera de alcance. Reorientar la financiación no es solo una cuestión ambiental, sino una apuesta estratégica por la resiliencia económica y social a largo plazo.