Entra en vigor el primer tratado global para proteger la alta mar

Tras casi dos décadas de negociaciones multilaterales, la comunidad internacional activa este sábado el Acuerdo sobre la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, el primer marco legal obligatorio que regula de manera integral la conservación y el uso sostenible de la vida marina en la alta mar y en los fondos oceánicos internacionales, de acuerdo con información de Naciones Unidas. Su entrada en vigor marca un hito en la protección de los océanos y en el fortalecimiento del derecho internacional ambiental.

El tratado se extiende a las áreas marinas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales, que representan más de dos tercios del océano global y concentran más del 90 % del hábitat del planeta si se considera su volumen. Este avance adquiere especial relevancia en un escenario de crisis climática, degradación ambiental y presión creciente sobre los ecosistemas marinos.

Un marco global para la protección de la alta mar

El eje central del acuerdo es establecer una gestión sostenible de la alta mar y del lecho marino internacional en beneficio de la humanidad. Se trata, además, del primer tratado oceánico que incorpora de forma explícita principios de gobernanza inclusiva, incluyendo la participación de pueblos indígenas y comunidades locales, así como compromisos en materia de igualdad de género.

Una vez implementado plenamente, el instrumento jurídico busca convertirse en una herramienta clave para afrontar la llamada “triple crisis planetaria”: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad marina y la contaminación de los océanos, alineando la protección ambiental con el desarrollo sostenible.

En declaraciones recogidas por Noticias ONU, el diplomático tanzano Mzee Ali Haji, jefe del equipo negociador de su país, destacó el alcance del nuevo marco normativo: “Ahora existe un control sobre las actividades en la alta mar. Si se contamina, hay responsabilidad sobre los propios actos”.

Refuerzo del derecho internacional del mar

El nuevo tratado se sustenta en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, vigente desde 1994 y considerada la base constitucional de la gobernanza oceánica. Al mismo tiempo, cubre vacíos regulatorios al detallar mecanismos específicos para la gestión de la biodiversidad en aguas internacionales y su articulación con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde este sábado, el acuerdo adquiere carácter jurídicamente vinculante para los 81 Estados que lo han ratificado, lo que implica su incorporación a los marcos legales nacionales. El texto establece que la entrada en vigor se produce 120 días después de superar el umbral mínimo de 60 ratificaciones, requisito que ya fue alcanzado.

Quiénes se suman y quiénes aún no

Entre los países que ya han ratificado el tratado figuran China, Alemania, Japón, Francia y Brasil. La adhesión de China resulta especialmente significativa por su peso en sectores estratégicos vinculados al océano, como la pesca, la acuicultura, la construcción naval y la explotación de petróleo y gas marinos, así como por el volumen de exportaciones asociadas a estas actividades.

No obstante, algunas potencias clave aún no han completado el proceso de ratificación. Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia permanecen al margen del acuerdo. En el caso estadounidense, pese a su adopción en 2023, el Senado no ha finalizado el trámite. India y el Reino Unido mantienen el proceso en revisión legislativa, mientras que Rusia ha manifestado su preferencia por conservar los marcos de gobernanza actuales y la libertad de navegación en aguas internacionales.

A pesar de estas ausencias, los negociadores mantienen una visión optimista. “Los países en desarrollo y los pequeños Estados insulares necesitan apoyo. La protección de la alta mar es responsabilidad de todos”, afirmó Haji, confiando en que más Estados se sumen al constatar los beneficios del acuerdo. La efectividad del tratado dependerá, en última instancia, de su aplicación y del cumplimiento de sus disposiciones. Según el propio texto, la primera reunión de evaluación deberá celebrarse en un plazo máximo de un año tras su entrada en vigor, un momento clave para medir su impacto real en la conservación de los océanos.