El futuro del proyecto minero Ariana de Perú en manos de un juez

Este miércoles, 8 de enero, se llevará a cabo una crucial audiencia en la que un juez dirimente decidirá si el proyecto minero Ariana continuará o será suspendido definitivamente. La decisión tiene implicancias directas sobre la seguridad hídrica de más de 11 millones de personas en Lima y Callao, ya que el proyecto pretende operar en el sistema de lagunas de Marcapomacocha, un ecosistema vital para la provisión de agua potable en estas regiones.

El proyecto, liderado por la empresa Southern Peaks Mining y ubicado en la región Junín, busca extraer concentrados minerales en un área de alta sensibilidad ecológica. Marcapomacocha comprende un sistema de lagunas, bofedales y redes de aguas superficiales y subteráneas que no solo alimentan a la cuenca del Mantaro, sino que también suministran agua a Sedapal, responsable de abastecer a Lima y Callao mediante la cuenca del Rímac.

A pesar de su importancia ambiental y social, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Esta decisión ignoró las advertencias técnicas de Sedapal, que alertó sobre los posibles daños en la calidad y cantidad de agua disponible para la capital peruana debido a las operaciones mineras.

En respuesta, un grupo de ciudadanos presentó en 2019 una demanda de amparo contra el proyecto. Con el respaldo de estudios técnicos, argumentaron que la construcción de la mina y la disposición de relaves tóxicos representarían riesgos significativos para el sistema hídrico. La preocupación principal gira en torno a la afectación de los ecosistemas de Marcapomacocha, esenciales para garantizar el suministro de agua potable.

En enero de 2023, la jueza Rocío del Pilar Rabines, del Sexto Juzgado Constitucional de Lima, ordenó la suspensión del proyecto y exigió la realización de estudios hidrogeológicos adicionales. Sin embargo, esta decisión fue apelada tanto por la empresa Southern Peaks Mining como por el Estado peruano. El caso escaló a una segunda instancia, donde los cuatro jueces de la Primera Sala Constitucional de Lima emitieron un empate en sus votos, lo que llevó al escenario actual: una decisión final a cargo de un quinto juez.

La audiencia de este miércoles será clave no solo para el futuro del proyecto Ariana, sino también para la seguridad hídrica de millones de personas. En juego está la posibilidad de continuar con una iniciativa minera que, según sus críticos, amenaza un ecosistema fundamental para el abastecimiento de agua en Lima y Callao.