COP29: el financiamiento climático en el centro de las negociaciones

La lucha contra el cambio climático no solo requiere voluntad política, sino también recursos financieros significativos. En la COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, el debate se centra en cómo financiar las medidas necesarias para combatir y adaptarse al cambio climático. Durante esta cumbre, los países deberán acordar un nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG) para garantizar los fondos que permitirán sostener la acción climática a nivel global.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, firmado en 2015, exigen que para 2025 los países establezcan un nuevo compromiso financiero. Hasta ahora, el acuerdo vigente, alcanzado en 2009, ha movilizado 100,000 millones de dólares anuales para financiar proyectos climáticos en países en desarrollo. Sin embargo, estos fondos ya resultan insuficientes debido al incremento de los costos relacionados con el clima y a las demandas de los países en desarrollo, que ahora necesitan billones de euros para afrontar la crisis climática.

La definición del NCQG no será sencilla. Las naciones están divididas en casi todos los aspectos de la financiación climática: desde el monto total y los mecanismos de financiamiento hasta los países responsables de contribuir y los que recibirán los fondos. Actualmente, solo los países desarrollados, miembros de la OCDE en 1992, están obligados a aportar. Sin embargo, con el aumento de las emisiones de países emergentes como China y las naciones del Golfo, muchos exigen que estos grandes contaminadores también contribuyan a la causa climática.

Un tema clave en Bakú será definir cómo deben estructurarse estos fondos. Los países en desarrollo solicitan que la mayoría de los recursos provengan de subvenciones públicas, ya que los préstamos a tasas de mercado incrementan sus deudas. No obstante, los países desarrollados argumentan que solo la inversión privada podrá reunir los billones necesarios. Esta postura enfrenta resistencia, ya que las inversiones privadas suelen enfocarse en proyectos con alto retorno financiero, como la energía limpia, mientras que los proyectos de adaptación climática en países pobres, como la construcción de diques, no resultan tan rentables para los inversores.

El NCQG podría adoptar un esquema de financiamiento en capas que considere la participación de nuevos actores. Esta propuesta permitiría que grandes economías emergentes como China contribuyan sin que se les imponga el mismo nivel de compromiso financiero que a los países desarrollados. De este modo, se podrían crear bases de contribuyentes diferenciadas, abriendo una vía de negociación que permita un acuerdo más inclusivo y balanceado.

A pesar de los meses de negociaciones y los desafíos planteados, la COP29 en Bakú representa una oportunidad crucial para establecer una nueva estrategia de financiación que permita enfrentar la crisis climática con los recursos adecuados. El consenso en torno al NCQG será esencial no solo para cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, sino también para asegurar un futuro donde la justicia climática sea una realidad tangible para todos los países, sin importar su nivel de desarrollo.